El pasado 10 de abril de 2026 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2026, una reforma del Código Penal que modifica el tratamiento penal de los delitos leves cometidos de forma reiterada. Su aprobación responde a una demanda sostenida durante años por parte del pequeño comercio y de numerosos municipios que veían cómo la delincuencia habitual de baja intensidad quedaba sistemáticamente sin respuesta efectiva.

 

Un giro en la lógica penal: la reincidencia como elemento central

 

Hasta ahora, el sistema penal valoraba fundamentalmente el importe del daño causado. Un hurto de menos de 400 euros se consideraba delito leve y se sancionaba, en muchos casos, con una simple multa, aunque la misma persona lo hubiera cometido en repetidas ocasiones. La nueva ley cambia este enfoque: lo determinante ya no es solo el valor de lo sustraído, sino el patrón de conducta del infractor.

 

A partir de ahora, quien haya sido condenado al menos tres veces por delitos similares, aunque sean leves, podrá enfrentarse a penas de prisión de entre 6 y 18 meses. El mismo criterio se extiende a las estafas leves reiteradas, que afectan también con creciente frecuencia a los negocios a través de devoluciones fraudulentas u otros engaños.

 

Nuevas herramientas de prevención

 

La reforma no se limita a endurecer las penas. Introduce también mecanismos para actuar antes de que el problema se repita. Los jueces podrán imponer órdenes de alejamiento de zonas comerciales o prohibir al infractor el acceso a determinados barrios o municipios, lo que permite una respuesta preventiva y no solo reactiva.

 

Además, una de las novedades más relevantes para el tejido comercial local es que los ayuntamientos podrán ejercer la acción penal directamente en casos de hurto. Esto abre una vía de colaboración más activa entre comercios, asociaciones de comerciantes y administraciones locales para trasladar problemáticas concretas y activar respuestas más ágiles.

 

Lo que cambia para el comercio de proximidad

 

El impacto práctico de esta ley se traduce en una reducción de la sensación de impunidad que sufría especialmente el pequeño comercio. Sin embargo, su efectividad real dependerá de cómo se implemente y de la coordinación entre los distintos actores: fuerzas de seguridad, fiscalía, juzgados y administraciones locales.

 

Es también importante conocer sus límites. La ley introduce un agravante específico para el robo de teléfonos móviles por el valor de los datos personales que contienen, pero este agravante no se aplica a los terminales en venta dentro de establecimientos comerciales, donde seguirá rigiendo el régimen general.

 

Si tienes dudas sobre cómo afecta esta reforma a tu negocio o necesitas asesoramiento en materia penal, en SEBASTIÁ Abogados y Economistas estamos a tu disposición.