Pero sí aquellas que, conforme a la normativa mercantil, se sitúan por encima de determinados umbrales o se encuentran en supuestos específicos que activan la obligación.

De forma general, deberán auditarse las empresas que, durante dos ejercicios consecutivos, superen ciertos límites vinculados al importe del activo, la cifra anual de negocios o el número medio de trabajadores. Junto a esta regla, existen otros escenarios en los que la auditoría puede exigirse, por ejemplo, cuando lo instan socios minoritarios o cuando concurren circunstancias propias de grupos empresariales.

Más allá del cumplimiento formal, la auditoría es una herramienta que aporta credibilidad y seguridad: ordena la información financiera, refuerza la transparencia y facilita la relación con socios, entidades financieras e inversores, especialmente en momentos de crecimiento o cambios societarios.

Por ello, resulta recomendable revisar cada caso con antelación. Identificar si existe obligación y planificar el proceso evita incidencias en el cierre del ejercicio y reduce riesgos posteriores.

Contacta con juridico@femeval.com, para más información.